Mientras se llevan adelante las auditorías respecto a la anterior administración del Consorcio Metropolitano para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), los municipios que forman parte del organismo encargado de la separación y disposición final de la basura en el Gran Tucumán analizan los pasos a seguir para mejorar el servicio.
El Consorcio Metropolitano fue creado a través de la ley 8.177, de 2009. En ese entonces, el alperovichismo decidió devolver a los municipios y comunas la jurisdicción sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos. En ese marco, el Girsu nació con seis “socios fundadores”: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas Banda del Río Salí y Alderetes. A ellos, a modo de adherentes, se sumaron luego dos municipios, Lules y Bella Vista, y comunas rurales del área metropolitana.
La transferencia de la basura (se lleva adelante en la planta de San Felipe) y la disposición final (en la planta de Overa Pozo- son las etapas complementarias al servicio de recolección, que en algunos distritos está concesionado y en otros se efectúa por administración.
El convenio firmado por los intendentes asociados al Consorcio Metropolitano tras la sanción de la Ley 8.177 incluye un estatuto, donde se fijaron las pautas para su funcionamiento.
Entre otros puntos, se estableció que está integrado por dos órganos: la Asamblea (compuesta por los intendentes o sus representantes, que deben reunirse una vez cada tres meses) y el Consejo de Administración (que es presidido por el municipio “con mayor aporte económico” -la Capital gira el 65% de los recursos- y debe reunirse una vez por mes).
Tras la renovación de autoridades en el ámbito municipal, y con nuevos miembros en el Consorcio Metropolitano, estalló la polémica por la situación del organismo. Los intendentes de la Capital, Rossana Chahla, y de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, promovieron el inicio de auditorías. Además, sembraron dudas y calificaron como “oscura” la gestión del alfarismo. De hecho, el dirigente de la “Ciudad Jardín” consideró clave “saber en qué se gastó el dinero (del Consorcio Metropolitano), que no sólo le pertenece a San Miguel de Tucumán sino también a todos los municipios que lo conformamos”.
De cara a lo que viene, se abren varias opciones para el futuro del Girsu, cuya duración -según se dispuso en la normativa de creación- es de 20 años a partir de la publicación de la Ley 8.177 en el Boletín Oficial (es decir, hasta el 20 de abril de 2029).
En el equipo de la Capital no ocultaron su malestar con el estado del organismo, e incluso se deslizó por lo bajo la posibilidad de salir del Consorcio Metropolitano, una alternativa que está prevista en el artículo 13° del Convenio. La desvinculación se debe concretar “mediante notificación fehaciente, con antelación mínima de seis meses”, detalla este texto, y aclara que el ente “podrá subsistir con la participación de, al menos, dos de los consorciados”.
Al margen de estas versiones, en el resto de los municipios coinciden en que, hoy por hoy parece improbable el alejamiento de algún socio por la importancia del Girsu para cada distrito; y mucho menos de San Miguel de Tucumán, dado que con ello se vería severamente afectado el sostenimiento del sistema a nivel provincial.
Alternativas
En contrapartida, mientras avanzan las auditorías, en las próximas reuniones de representantes podrían surgir alternativas para mejorar el actual régimen. Uno de los aspectos que podría modificarse sería la introducción de un órgano o un mecanismo de control que no sea el propio Consorcio Metropolitano, dado que la normativa centraliza las decisiones en el municipio que aporta la mayoría de los recursos, y resta margen de acción a los demás miembros (los adherentes, de hecho, no tienen ni siquiera voto).
En Tafí Viejo, por caso, impulsan la idea de “superar la experiencia del Girsu”, para ampliar su funcionamiento más allá del área metropolitana; que todos los municipios y comunas puedan disponer de sus residuos, vía una planta de transferencia cercana a cada una de las comunidades, compartiendo el destino final en Overa Pozo.
En Yerba Buena, además, comenzó a plantearse la iniciativa de que, una vez normalizada la situación del organismo, se incorporen nuevos servicios, como el transporte público de pasajeros, tomando modelos de áreas metropolitanas de otros países que utilizan este modelo de sociedades intermunicipales para prestaciones compartidas por los distritos.
Con los presupuestos para cerrar 2023 y comenzar 2024 ya aprobados, las localidades que integran el Consorcio parecen enfocadas en revisar los balances y las deudas reclamadas por los contratistas, además de asegurar la operatividad de las plantas de Overa Pozo y de San Felipe. Pero, de cara a lo que viene, en paralelo comienzan a dialogar sobre el futuro del organismo que se situó en el centro de la polémica tras la renovación de autoridades.
Claves del Consorcio
1. ¿Qué es el Consorcio Metropolitano?
Es un ente creado a partir de la Ley 8.177, de 2009, para asignar a los municipios y comunas rurales la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (Girsu). Es la etapa complementaria a la recolección de la basura del Gran Tucumán, con tareas que se llevan a cabo en las plantas de San Felipe y de Overa Pozo.
2. ¿Quiénes integran este órgano?
Cuenta con seis consorcistas: la Capital (socio mayoritario), Yerba Buena, Banda del Río Salí, Alderetes, Tafí Viejo y Las Talitas. A ellos se suman, en carácter de adherentes, los municipios de Lules y de Bella Vista, y comunas rurales cercanas al área metropolitana.
3. ¿Por qué surgió la polémica?
Tras la renovación de autoridades municipales y de los miembros del Consorcio, se dio a conocer que, pese a haber recibido los fondos para solventar el organismo, entre distintas intendencias -excepto la Capital, que estaba al día- sumaban una deuda superior a los $700 millones.
4. Cuestionamientos
Tras la renuncia del presidente designado por la Capital, los intendentes Chahla (San Miguel de Tucumán) y Macchiarola (Yerba Buena) se reunieron para acordar la implementación de auditorías sobre la gestión del representante alfarista Héctor Argañaraz al frente del Consorcio Metropolitano.
5. Obras en la Capital
Uno de los ejes de conflicto fue la contratación para obras (como el Palacio de los Deportes) y otros trabajos en el ámbito de la Capital por parte del Consorcio, durante la gestión alfarista. El ex intendente asegura que esto se llevó a cabo en el marco de las normativas vigentes, y desestimó posibles anomalías. Los actuales socios disienten con esta posición.